Salud laboral y prevención de riesgos

Derecho a la protección

El derecho a una protección eficaz en seguridad y salud es de todo el personal, y la empresa debe garantizarlo mediante la prevención (arts. 14 y 15 de la Ley 31/1995). Incluye evaluar los riesgos, informar, formar, dotar de medios y vigilar la salud.

Como persona trabajadora debes cumplir las medidas preventivas y usar correctamente los equipos de protección (art. 29).

Evaluación de riesgos

El plan de prevención fija la política, la organización y los recursos, y parte de la evaluación de riesgos (art. 16 de la Ley 31/1995 y arts. 1 a 7 del RD 39/1997).

• Debe ser específica por puesto y actualizarse ante cambios, daños o nuevas actividades.
• Ha de incluir a quien trabaja a distancia o en centros ajenos.
• Si aparecen riesgos, la empresa debe planificar la acción preventiva con plazos, responsables y prioridades.
• La representación tiene derecho a información y consulta (art. 33).

Delegado de prevención y comité

El delegado o delegada de prevención es quien actúa en materia preventiva dentro de la representación sindical (arts. 35 y siguientes de la Ley 31/1995).

• Acompaña a los técnicos en las evaluaciones y accede a la documentación preventiva.
• Debe ser informado de los daños producidos.
• Ante un riesgo grave e inminente, la representación puede acordar por mayoría la paralización de la actividad. El acuerdo se comunica de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, que en 24 horas lo anula o lo ratifica (art. 21.3).
• En centros de 50 o más personas se constituye el comité de seguridad y salud, paritario (art. 38).

Vigilancia de la salud

Es un derecho y, con carácter general, voluntaria. Solo es obligatoria cuando resulta imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo o verificar el estado de salud ante riesgos específicos (art. 22 de la Ley 31/1995 y art. 37 del RD 39/1997).

Los resultados se comunican a cada persona. La empresa recibe las conclusiones sobre la aptitud, nunca el historial clínico.

Riesgos psicosociales

La organización del trabajo también genera riesgos: sobrecarga, falta de autonomía, turnicidad, violencia o acoso. La empresa debe integrarlos en la evaluación general (RD 39/1997).

El INSST publica criterios técnicos para evaluarlos y recomienda protocolos con confidencialidad, garantías y medidas frente a represalias.

Embarazo, lactancia y menores

La ley obliga a evaluar los riesgos específicos para el embarazo, el parto reciente y la lactancia. Si existe riesgo, se adapta el puesto o se cambia a otro compatible sin merma de derechos y, si no es posible, procede la suspensión con prestación (art. 26 de la Ley 31/1995).

Con menores, la evaluación debe ser específica y se prohíben las tareas peligrosas (art. 27).